Los colegas de FIAPP han colgado las transcripciones de la sesión de trabajo en la que participamos Ernesto Villanueva, Bernardo Díaz Nosty (UMA), Miguel Ángel Bastenier (El País) y yo mismo. Sólo con el ánimo de que sea más fácil de localizar, dejo aquí la transcripción de mis palabras.
Democracia, información y comunicación pública: un desafío para América Latina. Comentarios a la ponencia de Ernesto Villanueva
Permítanme antes de nada agradecer a la FIAPP la invitación a participar en esta mesa y traer a ella las cuestiones que nos planteamos en torno a la comunicación en América Latina desde el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca .
La lectura del texto del Doctor Ernesto Villanueva es un espléndido estímulo a nuestra reflexión en torno a la información y la democracia en latinoamérica. La garantía de los derechos al acceso libre a la información es necesaria, pero ¿es suficiente para garantizar una opinión pública que consolide la democracia deliberativa?
La condición deliberativa de la democracia es destacada, especialmente, por el filósofo alemán Jürgen Habermas, para reforzar la idea de la discusión imprescindible en el proceso democrático de toma de decisiones. Para Habermas, la política deliberativa es determinante en la legitimidad de las leyes, es decir, es preciso institucionalizar las condiciones que permitan la expresión de los discursos de opinión y voluntad popular. Como recuerda Adela Cortina[1], el concepto esconde básicamente dos significados: el de la necesidad de negociar las decisiones con los sectores más afectados y, por otro lado, el de los que plantean que es necesario estimular el debate público de ideas en todos los niveles sociales, como un modo de comprometer a todos en el debate democrático. La democracia deliberativa mejora cualitativamente las condiciones de ejercicio democrático extendiéndolas más allá del ejercicio del voto o completándolo con una implicación de los ciudadanos en el debate (público) de las normas sociales, lo que refuerza su legitimidad.
Habría que preguntarse, evidentemente, si existe alguna forma de democracia que no sea deliberativa. Desde luego, las democracias latinoamericanas están marcadas por un carácter más “delegativo” —siguiendo a O’Donnell (1997)— que deliberativo. Aunque la actividad pública está sometida a una accountability formal, sabemos que no es especialmente efectiva: la accountability horizontal garantizada por la separación de poderes presenta demasiados problemas, derivados de la corrupción institucional o la falta de tradición democrática. La accountability vertical o electoral (la que cada ciertos años realizan los electores) tampoco parece especialmente eficiente, pese a que el fraude electoral es escaso. En algunos países, redes clientelares clandestinas organizan y pagan a sus votantes.
Nos queda, por tanto, una última forma de control: el social. Pero para que el debate en la esfera pública pueda producirse adecuadamente, es preciso que los ciudadanos accedan a la información. La primera responsabilidad, es por tanto, del propio sector público en la transparencia de la actividad administrativa. A ella dedica la mayor parte del esfuerzo que nos trae hoy a esta mesa el Doctor Villanueva. Permítanme que avance hacia la responsabilidad que implica a las industrias de la comunicación en esta cuestión.
En su influyente trabajo en el que caracteriza los rasgos de la “poliarquía”, Robert Dahl (1971) incluye, entre otras, como condiciones sine quae non la libertad de expresión y la diversidad de fuentes de información. Y en sociedades complejas (extensas, numerosas), como las nuestras, la articulación de esa libertad de expresión está en los medios de comunicación. Damos por hecho que los medios son imprescindibles para la democracia por cuanto ejercen un modo especial de accountability, la que algunos autores llaman “accountability social”.
Se cita con frecuencia el adagio del presidente norteamericano Jefferson, que decía preferir “periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos”. La importancia que le atribuimos a los medios como garantes del debate de asuntos públicos en la democracia es tan importante que durante décadas hemos hablado, en especial desde los Estados Unidos, de la función de “perro guardián” (watchdog) que atribuimos a los medios de comunicación, a los que atribuimos tanto una función vigilante como, al tiempo, la disfunción de haberse convertido en un “cuarto poder” adjunto a los clásicos de Rousseau, con la diferencia —apunta por ejemplo el británico James Curran (Curran y Seaton, 1981)— de que es un poder sin responsabilidad, aunque esa es otra cuestión que no comentaremos hoy.
¿Son los medios los mejores actores para la accountability social? Esa es una de las preguntas cruciales en este debate. La primera respuesta es, indudablemente, que al menos lo son tanto como los grupos sociales organizados que hacen de la participación ciudadana un ejercicio activo de los derechos democráticos. Pero, ¿por qué no siempre resulta la acción de los medios eficaz en el control de la acción pública? Hay sin duda varias razones.
La primera razón ha sido extensamente estudiada por las vertientes críticas de los estudios de comunicación y se refiere al papel de los medios como actores de un mercado.
En el caso de América Latina, todos los trabajos realizados hasta hoy (muchos de ellos precisamente en el debate de los años ochenta en torno al imperialismo cultural) apuntan hacia las connivencias entre la oligarquía que controla las industrias culturales y los sectores que controlan el poder político democrático o dictatorial. La mayor parte de los imperios mediáticos de Latinoamérica han sobrevivido a etapas de dictadura sabiendo encontrar la simbiosis adecuada entre sus propios intereses económicos y los intereses políticos de los regímenes dictatoriales. Parece evidente que la todopoderosa Rede Globo de la familia Marinho no puede ser destacada como una herramienta de accountability social, sino más bien como un instrumento que recuerda más a los aparatos ideológicos del capitalismo descritos por Louis Althusser o Hans Magnus Ezensberger. La concentración de los medios en torno a grandes corporaciones transnacionales en América Latina con intereses en sectores diversos y mercados diversos (Mastrini, Becerra, D’Alessandro, Mattelart, y Arbilla, 2006) podría ser vista, como se hace a veces, como una garantía de la independencia económica de esos medios respecto a las presiones externas, pero debe verse también como una debilidad de estas compañías que operan en mercados en los que los gobiernos parecen mostrar la regulación como la espada de Damocles que puede cambiar las condiciones del mercado de un día para otro.
Eso sin olvidar la ausencia de medios de comunicación públicos de relevancia —con la excepción de TVN en Chile, véase por ejemplo Fuenzalida (2000)— en toda América Latina. El nacimiento de los sistemas audiovisuales latinoamericanos con fuertes intereses de las compañías norteamericanas generó modelos diversos concentrados en casi todos los casos en una fuerte privatización en favor de grupos económicos oligárquicos, y sólo desde los setenta (fructificando en el informe McBride de UNESCO) se consiguió cierto giro hacia los medios públicos, los comunitarios, y la preocupación por las políticas públicas en materia de comunicación. En este esquema de mercado, los intereses económicos, los del mercado publicitario, mandan sobre las parrillas de programación de las cadenas de televisión, más atentas a proporcionar entretenimiento importado de bajo coste (que además resulta no conflictivo ideológicamente) que información, salvo en periodos históricos muy concretos.
Los medios, y es algo que no debemos olvidar para evitar idealizar este sector, son plataformas de comercialización publicitaria. Como nos recordaba Dallas Smythe (Smythe, 1977) en la década de los setenta, los medios no venden contenidos, sino que producen audiencias para ofrecérselas a los anunciantes. Los contenidos de los medios, esos en los que buscamos la accountability, no son sino los ganchos para la atención de ciertos targets sociodemográficos que son vendidos a las centrales de compra publicitaria transnacional. La televisión, como a veces se dice, no es más que lo que se emite entre los anuncios, que son lo que verdaderamente importa a las empresas de comunicación.
Esta cuestión nos conduce a una transcendental: los medios como actores del mercado son grandes clientes de las instituciones públicas como anunciantes. Sería imprescindible conocer al menos (a) la inversión anual de todas las instituciones públicas en publicidad institucional de cualquier tipo y los medios a los que se destina, (b) los criterios con los que se determinan las inserciones publicitarias en cada medio, (c) las agencias y centrales publicitarias que canalizan esa inversión y (d) la proporción que para los ingresos anuales de cada medio supone la inversión pública. Sería de una extraordinaria ayuda a la transparencia del funcionamiento de los medios en la región contar con un observatorio que pudiera recoger estos datos para contrastarlos con la posición editorial de los medios de comunicación ante los asuntos públicos.
Una segunda razón tiene que ver, indudablemente, con la formación de los profesionales de los medios y, en extenso, con las rutinas de producción informativa. Pedimos a los periodistas que sean garantes de la accountability social, pero al tiempo las escuelas de comunicación en América Latina carecen frecuentemente de fondos para garantizar la formación, el profesorado tiene sueldos muy bajos y los propios planes de estudio de la comunicación son manifiestamente mejorables.
Cuando los futuros profesionales acceden a los medios, se encuentran con frecuencia con puestos de trabajo con sueldos bajos y condiciones laborales en las que un mismo redactor debe realizar varias coberturas informativas en un mismo día. Los periodistas se vuelven entonces parte de una cadena de transmisión informativa en la que la triangulación de fuentes (un requisito esencial de cualquier forma de gestión de la información) se vuelve ave rara. La información en los medios, marcados por las condiciones del “mercado de ideas” en el que se ha convertido la esfera pública, está sometida a criterios de selección que quizá tengan más que ver con el mercado que con la responsabilidad social.
Y una última cuestión es la de la legislación, y aquí está la clave en la que el Doctor Villanueva acierta. Por un lado, los pueblos deben proveerse de garantías para el acceso a la información pública. Y deben proporcionar herramientas que garanticen a cualquier ciudadano, especialmente a los profesionales del periodismo, la protección frente a las amenazas, a la persecución, al crimen organizado. Mencionando sólo ejemplos recientes, las amenazas de muerte a Alexander Guerrero en Colombia o a Carlos Huerta en México, los asesinatos de Hugo Arce en Guatemala y José Fernando Gonzales en Honduras son sólo los últimos de una lista que periódicamente nos recuerda Reporteros Sin Fronteras. Según la clasificación sobre libertad de prensa que anualmente realiza esta organización internacional, los países latinoamericanos con mayores problemas son Cuba (en la posición 165 de 169), México (136), Colombia (126) y Venezuela (114); hay que buscar en el puesto 21 para encontrar el primer país latinoamericano, Costa Rica. En una línea similar, la Freedom House creada por Eleanor Roosevelt, sólo reconoce la existencia de libertad de prensa en Uruguay, Chile y Costa Rica, mientras que sitúa a Venezuela, Colombia o Cuba como países en los que no existe como tal libertad de prensa[2].
Referencias
Curran, J., y Seaton, J. (1981). Power without responsibility : the press and broadcasting in Britain. Glasgow: Collins.
Dahl, R. A. (1971). Poliarchy : participation and opposition. New Haven, London: Yale University.
Fuenzalida, V. (2000). La televisión pública en América Latina. Reforma o privatización. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
Mastrini, G., Becerra, M., D’alessandro, A., Mattelart, A., y Arbilla, D. (2006). Periodistas y magnates : estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. Buenos Aires: Prometeo Libros.
O’donnell, G. (1997). ¿Democracia delegativa? En G. O’Donnell (Ed.), Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización (pp. 287-304). Buenos Aires: Paidós.
Smythe, D. (1977). Communications: Blindspot Of Western Marxism. Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue Canadienne de Théorie Politique et Sociale, 1(3).
[1] Cortina, Adela: “Democracia deliberativa”, El País, 24-08-2004.
[2] Véanse los informes sobre libertad de prensa en http://www.freedomhouse.org.